En concreto, pide:

1. Adaptar la aplicación del sistema Nutriscore a los patrones de consumo estructurales de la sociedad española.
2. Excluir, a su vez, de la aplicación del sistema Nutriscore a los alimentos y productos alimenticios reconocidos como Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP).
3. Realizar una evaluación anual de los cambios en los patrones de consumo de alimentos y productos alimenticios que se hayan llevado a cabo con motivo de la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore.
4. No tomar ninguna otra medida destinada a incentivar o desincentivar el consumo de algún tipo de alimento o producto alimenticio en base a su valor nutricional hasta haber realizado dicha evaluación del impacto causado por la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore.

La votación de la Comisión se saldó con 25 votos a favor y 9 abstenciones, las del grupo Popular, que había planteado directamente la paralización de la puesta en marcha de este sistema. Su propuesta, rechazada por un voto tras la posición conjunta en contra de los partidos del Gobierno y sus socios, pedía al ministro de Consumo, Alberto Garzón, aplazar el Nutriscore hasta que la UE se posicione sobre la implantación de un único etiquetado nutricional obligatorio, estandarizado y con la conformidad de toda la cadena alimentaria en todos los países miembros.